Serena Parekh y Shelley Wilcox

2022

En su sentido más amplio, la globalización se refiere a los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de integración que resultan de la expansión de la producción económica transnacional, la migración, las comunicaciones y las tecnologías. Aunque tanto feministas occidentales como no occidentales, que trabajan en diversas áreas de la filosofía —incluyendo la ética, la metafísica, la filosofía política, la epistemología y la estética— han realizado importantes contribuciones a los debates sobre la globalización, esta entrada se centra en un subconjunto de esas críticas. A continuación, se describen las formas en que filósofas políticas feministas, predominantemente occidentales, que abordan explícitamente la globalización, han formulado y enfrentado los desafíos asociados a sus dimensiones económicas y políticas.

 

Índice

1. ¿Qué es la globalización?
1.1 Globalización económica
1.2 Globalización política
2. Enfoques teóricos feministas sobre la globalización
2.1 Principales características comunes
2.2 Distintos enfoques feministas
3. Temas
3.1 Justicia económica
3.2 Migración
3.3 Derechos humanos
3.4 Democracia y gobernanza global
4. Conclusión

 

1. ¿Qué es la globalización?

1.1. Globalización económica

La globalización económica se refiere a los procesos de integración económica mundial que surgieron a finales del siglo XX impulsados por los ideales neoliberales. Partiendo del pensamiento económico liberal clásico, el neoliberalismo afirma que una economía capitalista, en gran medida no regulada, encarna el ideal de la libre elección individual y maximiza la eficiencia y el crecimiento económico, el progreso tecnológico y la justicia distributiva. La globalización económica está asociada a instituciones políticas y económicas globales concretas, como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y a políticas económicas neoliberales específicas, como las que se indican a continuación:

• Liberalización del comercio. Las políticas de libre comercio, como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (también conocido como el Nuevo TLCAN), pretenden integrar los mercados regionales o mundiales reduciendo las barreras comerciales entre las naciones. Los países signatarios suelen acordar la eliminación de aranceles, como derechos y recargos, así como de obstáculos no arancelarios al comercio, como reglamentos sobre licencias, cuotas a las importaciones y subvenciones a los productores nacionales. 
• Desregulación. La liberalizvación del comercio se asocia con la flexibilización de las restricciones a los flujos de capital y a la inversión, junto con la eliminación de las normativas gubernamentales que puedan considerarse barreras injustas al comercio, incluidas las protecciones legales de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. 
• Privatización de activos públicos. La globalización económica se caracteriza por la venta de empresas, bienes y servicios estatales a inversionistas privados en el nombre de la expansión de los mercados y el aumento de la eficiencia. Estos activos incluyen bancos, industrias clave, autopistas y ferrocarriles, energía y electricidad, educación y sanidad. La privatización también suele implicar la venta a inversionistas privados de recursos naturales públicos económicamente explotables, como el agua, los minerales, los bosques y la tierra.

 

• Eliminación de los programas de bienestar social. El neoliberalismo favorece fuertes reducciones del gasto público en servicios sociales, como vivienda, sanidad, educación y seguros de invalidez y desempleo, como medio crucial para reducir el papel del gobierno y lograr que sean más eficientes las empresas privadas. Las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) han sido decisivas a la hora de exigir a los países del Sur global que eliminen el gasto en bienestar social. Desde principios de la década de 1980, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han exigido a los países deudores que adopten las PAE como condición para obtener préstamos o mejorar las condiciones de los préstamos existentes. Las PAE exigen a los países deudores que reestructuren sus economías siguiendo líneas neoliberales; por ejemplo, eliminando la regulación gubernamental, suprimiendo los programas de bienestar social y fomentando la competencia en el mercado.
• Restricciones a la inmigración. Si bien muchos países han liberalizado los mercados de capitales y han suavizado las barreras al comercio transnacional de bienes y servicios en el marco de la globalización, la mayoría no ha eliminado las barreras al flujo de mano de obra. De hecho, algunos países prósperos, como Estados Unidos, han aplicado políticas de inmigración más restrictivas, las cuales han llevado a la detención y deportación de miles de inmigrantes indocumentados y a la militarización de las fronteras nacionales. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, la migración ha aumentado junto con otros procesos de globalización.

 

A los filósofos políticos les preocupan los efectos de estas políticas sobre el bienestar humano. Los defensores de la globalización afirman que la liberalización económica ha permitido a muchas personas de todo el mundo salir de condiciones de extrema pobreza. Los mercados abiertos, argumentan, han aumentado el empleo y la productividad en los países en desarrollo, elevando el nivel de vida y mejorando el bienestar de las personas que viven en ellos (Diamandis y Kotler 2012, Friedman 2012, Micklethwait y Wooldridge 2000, O’Neil 2013). Los críticos señalan que las políticas neoliberales han creado la mayor brecha de la historia entre los muy ricos y los muy pobres, con una riqueza sin precedentes para los ricos y pobreza e indigencia para millones de pobres en todo el mundo (Nikiforuk 2007, Pogge 2002). Las feministas han señalado que los bolsones de riqueza altamente concentrada en el “Sur global” y de altos niveles de pobreza extrema en el “Norte global” significan que no podemos dividir el mundo nítidamente según las líneas Norte/Sur o ricos/pobres (Silvey 2014). Sin embargo, en general, sostienen que la globalización ha beneficiado a las personas más ricas del mundo —tanto a los ciudadanos del Norte global como a la élite de los países en desarrollo— sin beneficiar sustancialmente a la mayoría de la población mundial.

Las filósofas feministas insisten en que la globalización económica también debe entenderse en términos de los efectos que ha tenido sobre las mujeres, que constituyen un porcentaje desproporcionado de pobres del mundo. La mayoría coincide en que estos efectos han sido principalmente negativos. Por ejemplo, Jaggar sostiene que la globalización ha prometido muchas cosas que son cruciales para las feministas: paz, prosperidad, justicia social, protección del medioambiente, eliminación del racismo y el etnocentrismo y, por supuesto, un mejoramiento de la condición de la mujer. Sin embargo, las políticas neoliberales han provocado lo contrario de estas aspiraciones. En lugar de paz, han creado condiciones para la guerra y el aumento del militarismo; en lugar de prosperidad y justicia social, han aumentado el abismo entre ricos y pobres; en lugar de protección medioambiental, han conducido a la privatización y destrucción de los recursos naturales de propiedad pública; y en lugar de eliminar las barreras racistas, etnocéntricas y sexistas, la globalización ha sido, en última instancia, “un sistema hostil o antagónico para las mujeres” (Jaggar 2001, 301).

 

1.2. Globalización política

Aunque la globalización política y económica están interconectadas y se refuerzan mutuamente, difieren en aspectos significativos. La globalización política se refiere a los cambios en el ejercicio del poder político que han resultado de una mayor participación transnacional. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el sistema político internacional se entendía en términos del llamado modelo westfaliano. Según este modelo, el poder político se ejerce principalmente a través de la gobernanza a nivel del Estado territorial. El sistema político internacional está formado por Estados soberanos, que disfrutan del monopolio del poder político dentro de sus propios territorios. Los tratados internacionales rigen las relaciones entre los Estados; sin embargo, estos no suelen poder intervenir legítimamente en los asuntos internos de otras naciones. Por ello, cuando surgen problemas como hambrunas, genocidios y guerras civiles, se consideran principalmente cuestiones de seguridad de los Estados individuales, no asuntos de justicia que afecten a la comunidad mundial (Fraser 2013).

En contraste con este modelo centrado en el Estado, la globalización política debe entenderse como policéntrica, es decir, como la participación de instituciones no estatales que ejercen el poder político tanto desde “arriba” como desde “abajo” del Estado (So 2010). El desarrollo de instituciones supranacionales, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, la OTAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y otras, puede entenderse como una “globalización [política] desde arriba”. Estas instituciones crean normas internacionales que limitan la soberanía de los Estados, en algunos casos mediante mecanismos de ejecución que penalizan su incumplimiento. Además de exigir a los Estados que se adhieran a las normas y estándares acordados conjuntamente, las instituciones mundiales suelen establecer las agendas que determinan qué asuntos reciben atención internacional. Instituciones como la ONU y la UE han intentado llamar la atención sobre algunas de las injusticias que sufren las mujeres en todo el mundo, como la violencia sexual, la falta de acceso a la educación y otras violaciones de los derechos humanos de las mujeres, y han propuesto desarrollar marcos globales para abordarlas. Sin embargo, muchas filósofas feministas sostienen que las instituciones supranacionales han tenido un éxito limitado a la hora de proteger a las personas más vulnerables del mundo. La mayoría de las instituciones mundiales privilegian los intereses occidentales y corporativos sobre los de las personas vulnerables y marginadas, y pocas han tenido éxito a la hora de desafiar las desigualdades estructurales que dan lugar a daños de género, como la precariedad, la discriminación y la violencia.

Para muchas feministas, los movimientos políticos transnacionales que han surgido “desde abajo” del Estado ofrecen una dimensión más prometedora de la globalización política. La expansión de las comunicaciones globales ha propiciado el desarrollo de nuevas redes políticas transnacionales, compuestas por personas, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales. Estas redes transnacionales, a veces denominadas “sociedad civil global”, conectan a millones de personas de todo el mundo sobre la base de compromisos políticos compartidos. En consecuencia, algunas filósofas feministas creen que la “globalización política desde abajo” proporciona a las mujeres y a otras personas vulnerables un medio eficaz para resistir las desigualdades creadas por la globalización económica. Por ejemplo, algunas feministas sostienen que la globalización ha creado nuevas esferas públicas transnacionales en las que la opinión política puede movilizarse para exigir responsabilidades democráticas a quienes dirigen (Fraser 2009, Gould 2009). Esta esfera pública transnacional debe entenderse tanto en términos de ubicaciones físicas, como el hogar, la fábrica y el pueblo, así como de espacios mediados tecnológicamente, posibles gracias a Internet; estos modos de comunicación forman una nueva capa de espacio transnacional que permite a las personas construir redes y comunidades horizontales (Youngs 2005). Otras ven la promesa de la globalización política en las redes transnacionales de solidaridad feminista, como la campaña  “los derechos de las mujeres son derechos humanos” y los grupos que luchan contra el tráfico sexual, las cadenas globales de cuidado y la explotación laboral, que permiten la resistencia feminista a las fuerzas políticas y económicas dominantes (Copelon 2003, Gallegos 2017, Hochschild 2000, 2002, Kittay, 2008, 2009, Parekh 2009, Robinson 2003, Stamatopoulou 1995, Walby 2002, Weir 2005).

Dada la complejidad de la globalización, ¿cómo han abordado las filósofas políticas feministas los retos sociales, políticos y económicos que plantea? A continuación, ofrecemos una visión general de varios enfoques teóricos feministas para esta tarea.

 

2. Enfoques teóricos feministas sobre la globalización

“Aproximaciones teóricas feministas a la globalización” es un término genéricoque se refiere a una serie de aproximaciones teóricas específicas que las feministas han utilizado para articular los retos que la globalización les plantea a las mujeres, a las personas de color y a los pobres del mundo. Estas aproximaciones diversas incluyen las desarrolladas por las feministas poscoloniales, las feministas transnacionales y las feministas que respaldan una ética del cuidado. En esta sección, identificamos cuatro rasgos clave que comparten estas diversas aproximaciones a la globalización y esbozamos algunas de las características distintivas de cada orientación teórica.

 

2.1. Principales características comunes

En primer lugar, las aproximaciones feministas a la globalización tratan de proporcionar marcos para comprender las injusticias de género asociadas a la globalización. Sin embargo, en lugar de desarrollar teorías ideales de justicia global que lo abarquen todo, las filósofas feministas tienden a adoptar perspectivas teóricas no ideales, las cuales se centran en cuestiones específicas y concretas. Los primeros análisis feministas se centraron en cuestiones que se consideraban de especial importancia para las mujeres de todo el mundo, como la violencia doméstica, la discriminación en el lugar de trabajo y las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Si bien los análisis de estas cuestiones desde una perspectiva de género han aportado valiosas ideas sobre la naturaleza distintiva de los daños ocasionados, muchas filósofas feministas consideran que este enfoque es demasiado limitado, tanto en lo que respecta a las cuestiones específicas que aborda como a su enfoque metodológico sobre estas cuestiones. Sostienen que incluso los problemas mundiales aparentemente neutros desde el punto de vista del género tienen a menudo una dimensión de género, como la guerra, la gobernanza mundial, la migración, la deuda del Sur, la “maldición de los recursos” y el cambio climático. Además, al abordar las “cuestiones de mujeres” globales específicas como fenómenos independientes, los primeros análisis feministas no tuvieron en cuenta las injusticias de género sistemáticas y estructurales asociadas al neoliberalismo. Aunque la opresión de género adopta diferentes formas en distintos lugares sociales, culturales y geográficos, las mujeres de todas las sociedades se enfrentan a desventajas sistemáticas, como las derivadas de la responsabilidad socialmente asignada al trabajo doméstico (Lange 2009). Debido a estas injusticias estructurales, las mujeres de todas las nacionalidades tienden a sufrir más la pobreza, el exceso de trabajo, las privaciones y la marginación política asociadas a las políticas neoliberales. Así, los análisis feministas más recientes de la globalización tienden a entender los resultados de la globalización no como fenómenos dispares o contingentes, sino más bien como el resultado de injusticias sistemáticas y estructurales a escala mundial. De hecho, algunos sostienen que la propia estructura básica mundial está implícitamente sesgada en contra de las mujeres (Jaggar 2009a).

La segunda característica clave de las aproximaciones feministas a la globalización es su compromiso compartido con los valores feministas fundamentales, incluida la oposición a la subordinación de la mujer. Algunas teóricas también se basan en interpretaciones feministas de los principales ideales morales y políticos, como la igualdad, la democracia y los derechos humanos, para desarrollar críticas a las políticas neoliberales. Por ejemplo, Jaggar apela a las normas democráticas liberales para argumentar que muchas obligaciones de la deuda del Sur no son moralmente vinculantes porque sus ciudadanas/os estaban “en gran medida desinformadas/os y/o sus opciones eran prácticamente inexistentes” cuando contrajeron estas supuestas deudas (Jaggar 2002a, 433). Muchas feministas también utilizan el lenguaje de los derechos humanos para abordar los retos de la globalización. Si bien reconocen que la comprensión tradicional de los derechos humanos está implícitamente sesgada hacia los hombres, sostienen que las rearticulaciones feministas de estas normas pueden ayudar a identificar los perjuicios de género que conllevan la esclavitud sexual, el trabajo doméstico forzado y la privación sistemática de educación, alimentación y atención médica a mujeres y niñas como consecuencia de las graves privaciones económicas (Bunch 2006, Cudd 2005, Jaggar 2002a, Nussbaum 2001, Robinson 2004, Okin 1998, Reilly 2007). (Véase la sección 3.3.)

Sin embargo, no todas las filósofas políticas feministas están de acuerdo con este planteamiento. Algunas creen que se necesitan nuevos ideales feministas, como la comprensión relacional del poder, la responsabilidad colectiva y la dependencia mutua, para diagnosticar las injusticias de género asociadas a la globalización (Hankivsky 2006, Held 2004, 2007, Kittay 2008, 2009, Miller 2006, 2011, Robinson 2006, 2010, Weir 2008a, 2008b, Young 2011). Por ejemplo, Iris Marion Young sostiene que las teorías ideales tradicionales de la justicia son inadecuadas para dar cuenta de las injustas condiciones de fondo que contribuyen al desarrollo de los talleres clandestinos en el Sur global. Sostiene que se necesita un nuevo modelo relacional de responsabilidad, que ella denomina modelo de conexión social, para articular las obligaciones que tienen las personas de los países ricos del Norte con las personas trabajadoras del Sur global. El modelo de conexión social sostiene que las personas son responsables de las injusticias estructurales, como las que sufren las personas que trabajan en la cadena de ensamblaje mundial, porque nuestras acciones contribuyen a los procesos institucionales que producen dichas injusticias. En concreto, los consumidores del Norte tienen la responsabilidad de organizarse colectivamente para reformar las injusticias asociadas al trabajo en talleres clandestinos (Young 2011).

La tercera característica clave de las aproximaciones feministas a la globalización es el énfasis en las metodologías feministas. En particular, estas aproximaciones tienden a incorporar tres compromisos metodológicos clave. El primero es la interseccionalidad, que sostiene que los sistemas de opresión interactúan para producir injusticias y, por lo tanto, que las injusticias de género no pueden entenderse únicamente en términos de sexo o género. Las feministas que teorizan sobre la justicia en el ámbito doméstico sostienen que las experiencias de opresión de género de las mujeres están determinadas por otras formas de opresión, como las basadas en la raza, la clase, la discapacidad y la orientación sexual. Las teóricas feministas de la globalización sostienen que la opresión de género interactúa con estos sistemas de opresión, junto con otras formas de desventaja sistemática que surgen en el contexto global. Entre las categorías más destacadas se encuentran la nacionalidad, la ubicación geográfica, el estatus de ciudadanía y la posición socioeconómica dentro de la economía global (por ejemplo, como miembro de la élite del Sur, como obrera occidental o como trabajadora en la cadena de montaje global). Dada esta amplia concepción de la interseccionalidad, las teóricas feministas de la globalización insisten en que las injusticias de género surgen dentro de contextos transnacionales específicos, como las relaciones históricas entre naciones y las actuales políticas económicas globales.

El segundo compromiso metodológico que comparten las aproximaciones feministas a la globalización es la sensibilidad hacia el contexto y la especificidad concreta. Las filósofas feministas se esfuerzan por reflejar con precisión los diversos intereses, experiencias y preocupaciones de las mujeres de todo el mundo, y por tomar en serio las diferencias culturales, históricas y socioeconómicas. De este modo, los enfoques feministas de la globalización intentan moverse entre las condiciones locales y las presiones globales, entre las realidades históricas y las experiencias contemporáneas de opresión y vulnerabilidad, al mismo tiempo que prestan atención a las complejas interacciones entre las fuerzas sociales, económicas y políticas. Esto ha llevado a algunas teóricas feministas de la globalización a diferenciar sus puntos de vista de los de conocidas feministas, como Martha Nussbaum y Susan Okin, a las que Ackerly y Attanasi se refieren como “feministas internacionales” en virtud de sus compromisos metodológicos. En su opinión, Nussbaum y Okin no prestan suficiente atención a las formas en las que la justicia y la injusticia están mediadas por las condiciones locales en sus intentos de identificar ideales morales universales. Como resultado, sus teorías tienden a privilegiar las perspectivas occidentales y socavan su propio compromiso de reflejar la experiencia vivida por las mujeres (Ackerly y Attanasi 2009).

Por último, las teóricas feministas de la globalización se comprometen a desarrollar críticas autorreflexivas. En el centro de esta metodología está la voluntad de examinar críticamente las reivindicaciones feministas, con especial atención a las formas en las que los discursos feministas privilegian determinados puntos de vista. Por ejemplo, Schutte insiste en que los valores e ideas feministas ostensiblemente universales suelen encarnar los valores de las culturas dominantes. Esto ayuda a explicar por qué las voces de las mujeres de los países en desarrollo a menudo solo se toman en serio si reflejan las normas y valores de Occidente y se ajustan a las expectativas occidentales. Así, Schutte insiste en que las feministas deben comprometerse con prácticas metodológicas que descentren sus puntos de vista habituales y pongan en primer plano perspectivas que desafíen las formas de pensar aceptadas (Schutte 2002). Khader amplía esta exhortación, e insta a las feministas transnacionales a rechazar las variantes problemáticas de los valores “liberales de la Ilustración” que se consideran centrales para el feminismo occidental, incluyendo el individualismo, la autonomía y el eliminativismo de los roles de género (Khader 2019, 3). Tales valores no solo constituyen imperialismo cultural cuando se imponen a “otros” culturales, como argumenta Schutte, sino que también pueden servir para justificar el militarismo, la dominación política, la explotación económica y la supremacía blanca en nombre del avance de los intereses de género (Khader 2019). Ackerly sostiene que la teoría feminista puede utilizarse no solo para criticar los ideales y valores feministas, sino también para desarrollar formas más ricas de evaluar el trabajo realizado por las organizaciones feministas de derechos humanos. La teoría feminista puede comprometerse con el trabajo que realizan las ONG y otros grupos “sobre el terreno”, darle forma y ser moldeada por él (Ackerly 2009).

La lucha por desarrollar teorías feministas que incorporen estos compromisos metodológicos ha sido constante para las feministas. En la década de 1980, Chandra Talpade Mohanty observó que los estudios feministas occidentales tienden a adoptar una perspectiva etnocéntrica, describiendo a las mujeres del llamado Tercer Mundo como unidimensionales, no agénticas y homogéneas. En sus palabras, citadas a menudo, estos estudios tienden a sugerir que 

la mujer promedio del Tercer Mundo lleva una vida esencialmente truncada basada en su género femenino (léase: sexualmente limitada) y en su condición de “tercermundista” (léase: ignorante, pobre, inculta, atada a las tradiciones, doméstica, orientada a la familia, victimizada, etc.). Esto, sugiero, contrasta con la autorrepresentación (implícita) de las mujeres occidentales como cultas, modernas, con control sobre sus propios cuerpos y sexualidades y con libertad para tomar sus propias decisiones (Mohanty 2003, 22). 

Mohanty afirma que esta perspectiva conduce a una comprensión simplista de lo que las feministas de los países occidentales pueden hacer para “ayudar” a las mujeres de los países en desarrollo. Muchos de los recientes avances en la literatura feminista sobre la globalización pueden entenderse como una respuesta a este fracaso teórico. Además de reconocer las formas en las que el poder influye en la producción de teorías feministas, las críticas feministas de la globalización se esfuerzan por comprender las formas en las que las mujeres occidentales comparten la responsabilidad de las injusticias de género en los países en desarrollo y en sus países, y por articular sus obligaciones para eliminar estas injusticias.

 

2.2. Distintos enfoques feministas

A pesar de estos objetivos y compromisos metodológicos comunes, las feministas han analizado la globalización desde una serie de perspectivas teóricas diferentes. A continuación, examinamos tres enfoques destacados de la globalización, desarrollados por feministas poscoloniales y decoloniales, transnacionales y de la ética del cuidado. Aunque no es posible trazar límites nítidos en torno a estas perspectivas teóricas, identificamos algunos rasgos distintivos de cada una de ellas.

 

2.2.1. Feminismos poscoloniales y decoloniales

Los feminismos poscoloniales y decoloniales ofrecen marcos teóricos fundamentalmente críticos, los cuales analizan la globalización en el contexto de la historia del colonialismo y el imperialismo occidentales. Parten de la afirmación de que el colonialismo y el imperialismo occidentales han desempeñado un papel importante en la configuración del mundo contemporáneo y destacan sus efectos persistentes en las relaciones globales y las prácticas culturales locales. Aunque las feministas poscoloniales y decoloniales escriben desde todas partes del mundo, ponen en primer plano los puntos de vista epistémicos no eurocéntricos y critican las asimetrías de poder Norte-Sur desde las diversas perspectivas de los miembros de las comunidades indígenas y los pueblos del Sur global (Herr 2013, Khader 2019, McLaren 2017, Schutte 2002, 2005).

Las feministas poscoloniales y decoloniales realizan varias afirmaciones importantes. En primer lugar, insisten en que es imposible entender las prácticas locales de los países en desarrollo sin reconocer las formas en las que estas prácticas han sido moldeadas por sus contextos económicos e históricos, en particular su conexión con el colonialismo y el imperialismo occidentales. Además, advierten que a menudo los intentos de explicar el sufrimiento de las mujeres de los países en desarrollo en términos simplistas tienden a reproducir una “postura colonial” hacia el Sur global. Por ejemplo, como ya hemos explicado, Chandra Mohanty ve elementos de imperialismo en los estudios feministas occidentales sobre las mujeres del Sur global. Del mismo modo, Uma Narayan critica a las feministas por adoptar involuntariamente una perspectiva eurocéntrica. Por ejemplo, algunas feministas occidentales, como Mary Daly, critican duramente las prácticas culturales como el sati, la práctica india de inmolación de viudas, por considerarlas evidentemente incorrectas. Sin embargo, Narayan sostiene que enfocar el sati como un fenómeno aislado y local es fundamentalmente erróneo. Entender el sati en el contexto de la historia colonial proporciona un análisis más rico de esta práctica, ya que adquirió su poder simbólico durante el dominio británico como emblema de la cultura hindú e india (Narayan 1997). Destacar el papel que ha desempeñado el colonialismo en la configuración de las prácticas locales permite a las feministas evitar la adopción de una perspectiva eurocéntrica. Del mismo modo, las feministas poscoloniales y decoloniales insisten en que cualquier análisis feminista de los daños de la globalización debe tomar en serio la historia y los efectos culturales, económicos y políticos actuales del colonialismo y el imperialismo.

Las feministas poscoloniales y decoloniales sostienen además que, aunque las formas tradicionales de colonialismo han terminado formalmente, muchos aspectos de la globalización se entienden mejor como prácticas neocoloniales. Como explica Sally Scholz:

Las corporaciones multinacionales y las empresas globales, centradas en gran medida en las naciones occidentales, aportan su propia influencia colonizadora a través de los modelos empresariales, la cultura hegemónica, la explotación de los trabajadores y el desplazamiento de los oficios tradicionales. Mientras que las formas tradicionales de colonialismo implicaban que el colonizador asumía el privilegio de gobernar la colonia, este neocolonialismo gobierna indirectamente a través del poder que crea y del que disfruta al llevar puestos de trabajo manufactureros a una zona o suministrar bienes de consumo a un pueblo, a menudo también bienes de consumo de inspiración occidental. El colonialismo antiguo solía matar o desplazar a los pueblos indígenas; el nuevo estilo de colonialismo empobrece una cultura al inundar la sociedad de valores, productos o ideales occidentales (2010, 139).

En términos más generales, las feministas poscoloniales y decoloniales observan que muchas de las condiciones creadas por el colonialismo —desigualdad económica y explotación, racismo, marginación cultural y dominación del Sur global por el Norte global— han sido mantenidas e intensificadas por el neoliberalismo. Además, argumentan, las políticas e instituciones neoliberales favorecen sistemáticamente a los países del Norte global en detrimento de las naciones del Sur. Las políticas comerciales internacionales sirven a los intereses occidentales aunque pretendan ser políticamente neutrales y justas. Las instituciones económicas mundiales también privilegian la cultura y las normas políticas occidentales, presentándolas como modelos para el resto del mundo, al tiempo que ignoran y marginan las reivindicaciones de los movimientos de mujeres e indígenas del Sur global, así como de las naciones colonizadas (Weendon 2002). Dado que apelar a los llamados conceptos, epistemologías y valores universales, como la libertad, los derechos y la autonomía, pueden utilizarse para promover proyectos imperialistas, las feministas poscoloniales y decoloniales tratan de desarrollar posiciones normativas que critiquen las prácticas neoliberales y neocoloniales al mismo tiempo que rechazan los problemáticos ideales etnocéntricos que a menudo se disfrazan de universales (Alcoff 2017, Khader, 2019, McLaren 2017, Pohlhaus Jr. 2017, Weir 2017).

 

2.2.2. Ética del cuidado

Otra escuela prominente de respuestas teóricas feministas a la globalización sitúa el cuidado, tanto el trabajo de cuidar —a la niñez, la ancianidad, las personas enfermas y las discapacitadas, y el mantenimiento cotidiano de los hogares— como el ideal moral del cuidado, en el centro de sus análisis. Las defensoras de este enfoque comienzan observando que la mayoría de los análisis convencionales de la globalización ignoran o devalúan los cuidados. Esto es problemático, argumentan, al menos por tres razones: (1) el trabajo del cuidado, que realizan casi exclusivamente las mujeres, se ha visto profundamente influido por la globalización; (2) los valores y el trabajo asociados al cuidado están infravalorados e insuficientemente apoyados, y esto contribuye a la desigualdad de género, racial y económica, tanto dentro de los países como entre el Norte global y el Sur global; y (3) cualquier alternativa viable a la globalización neoliberal debe dar prioridad al ideal moral del cuidado. Por lo tanto, los enfoques de la globalización basados en la ética del cuidado tienen dimensiones tanto teóricas como prácticas.

Desde el punto de vista teórico, las feministas de la ética del cuidado aspiran a proporcionar una crítica sistemática de los supuestos neoliberales y a desarrollar ideales morales capaces de guiar formas más justas de globalización. En su opinión, el neoliberalismo presupone una noción problemática del yo que postula a los individuos como atomistas, independientes e interesados, y una ontología social inexacta que sugiere que las relaciones humanas se forman por elección y no por necesidad o dependencia. Estos supuestos llevan al neoliberalismo a priorizar el crecimiento económico, la eficiencia y la obtención de beneficios por encima de otros valores, como la igualdad, los derechos humanos y el cuidado. Las feministas de la ética del cuidado rechazan estos supuestos. En su opinión, los seres humanos son fundamentalmente relacionales e interdependientes; los individuos se definen, de hecho se constituyen, por sus relaciones de cuidado. Todas las personas experimentan largos periodos durante los cuales sus vidas dependen literalmente de los cuidados de las demás, y todas necesitan cierto grado de cuidados para prosperar. Así pues, la vulnerabilidad, la dependencia y la necesidad no deben entenderse como déficits o limitaciones, sino como cualidades humanas esenciales que requieren una respuesta política adecuada.

Las feministas dedicadas a la ética del cuidado sostienen que los valores relacionales, incluido el cuidado, deberían constituir la base de formas más justas de globalización. En opinión de Hankivsky, una ética global del cuidado parte de tres supuestos: “1) el cuidado se considera un aspecto fundamental de toda vida humana; 2) todos los seres humanos son interdependientes por el hecho de formar parte de relaciones continuas de cuidado; y 3) ‘las personas tienen derecho al cuidado porque forman parte de relaciones continuas de cuidado’” (9). Dado que una ética global del cuidado parte de una ontología relacional, requiere que los líderes políticos mundiales desarrollen políticas sociales y económicas dirigidas a satisfacer las necesidades humanas y reducir el sufrimiento, en lugar de ampliar los mercados y aumentar la competencia económica (Hankivsky 2006). Held comparte una opinión similar. Según ella, una ética del cuidado exige que los líderes fomenten una economía global capaz de satisfacer las necesidades humanas universales (Held 2004, 2007). Del mismo modo, Miller aboga por un “deber global de cuidar”, que exige que los individuos asuman la responsabilidad de su papel en la contribución a la opresión global, y obliga a los líderes a abogar por instituciones que encarnen el valor moral del cuidado (Miller 2006).

Concretamente, las teóricas feministas partidarias de una ética del cuidado destacan el papel del trabajo de cuidados en la economía global y formulan recomendaciones para reevaluarlo. Por ejemplo, Robinson desarrolla una ontología moral relacional que arroja luz sobre las características de la globalización que suelen ser invisibles: la distribución global del trabajo de cuidado y los correspondientes patrones de desigualdad de género y racial; la escasa provisión de recursos públicos para el trabajo de cuidado tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo; y las formas en las que el trabajo de cuidado no remunerado o mal pagado sostiene los ciclos de explotación y desigualdad a escala global (Robinson 2006a, 2006b). Del mismo modo, Held aboga por un mayor apoyo estatal a las diversas formas de trabajo asistencial y por políticas diseñadas para satisfacer las necesidades de las personas de maneras cuidadosas (Held 2004, 2007).

 

2.2.3. Feminismo transnacional

En su sentido más amplio, el feminismo transnacional sostiene que la globalización ha creado las condiciones para la solidaridad feminista más allá de las fronteras nacionales. Por un lado, la globalización ha permitido procesos transnacionales que generan injusticias para las mujeres en múltiples áreas geográficas, como la cadena de ensamblaje global (de la que hablamos más adelante). Por otro lado, las tecnologías asociadas a la globalización han creado nuevos espacios políticos que permiten la resistencia política feminista. Así, las feministas transnacionales incorporan las ideas críticas de las feministas poscoloniales, del Tercer Mundo y de la ética del cuidado en una visión positiva de la solidaridad feminista transnacional. 

El feminismo transnacional se contrapone a veces al feminismo global o internacional, una teoría de la segunda ola que pone énfasis en la solidaridad entre las mujeres más allá de las fronteras nacionales basada en su experiencia común de opresión patriarcal. Sin embargo, el feminismo transnacional difiere del feminismo global en por lo menos tres aspectos significativos.

En primer lugar, el feminismo transnacional es sensible a las diferencias entre las mujeres. Las feministas globales sostienen que el patriarcado es universal; las mujeres de todo el mundo tienen una experiencia común de opresión de género. Promueven el reconocimiento de una “hermandad global” basada en estas experiencias compartidas, que trasciende las diferencias de raza, clase, sexualidad y fronteras nacionales. Se cree que esta solidaridad permite crear un frente unificado contra el patriarcado global. Las feministas transnacionales también abogan por la solidaridad más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, su enfoque subraya los compromisos metodológicos mencionados anteriormente, en concreto la interseccionalidad, la sensibilidad a la especificidad concreta y la autorreflexividad. Las feministas transnacionales se cuidan de señalar que, si bien los procesos de globalización afectan a todo el mundo, lo hacen de forma muy distinta según la ubicación geográfica y social de cada mujer. También se apresuran a reconocer que muchos aspectos de la globalización pueden beneficiar a algunas mujeres y perjudicar indebidamente a muchas otras.

En segundo lugar, la solidaridad feminista transnacional es política por naturaleza. Mientras que las feministas globales abogan por una forma de solidaridad social definida sobre la base de características compartidas por todas las mujeres, como una identidad de género común o la experiencia de la opresión patriarcal, la solidaridad feminista transnacional se basa en los compromisos políticos de las personas, como el compromiso de desafiar la injusticia o la opresión. Dado que la solidaridad feminista transnacional se basa en compromisos políticos compartidos más que en una identidad común o en un conjunto uniforme de experiencias, las personas con ventajas, incluidas las que se han beneficiado de la injusticia, pueden solidarizarse con las que han experimentado directamente la injusticia o la opresión (Ferguson 2009, Scholz 2008). El énfasis en los compromisos políticos compartidos también les permite a las feministas resistir las condiciones opresivas que se manifiestan de manera diferente en diferentes zonas geográficas pero que, sin embargo, prevalecen en muchos países, como la violencia racializada contra las mujeres (Khader 2019, 44-48).

En tercer lugar, las feministas transnacionales se centran en procesos globalizadores específicos, como el crecimiento de la manufactura offshore, más que en un patriarcado global teorizado, y a menudo adoptan colectivos feministas transnacionales existentes como modelo para sus planteamientos teóricos sobre la solidaridad. Por ejemplo, Ann Ferguson sostiene que las redes antiglobalización, como las cooperativas de propiedad de trabajadores, los sindicatos, las organizaciones de comercio justo y los movimientos de reforma agraria, están creando las condiciones para los movimientos de coalición de mujeres Norte-Sur basados en compromisos políticos no esencialistas con la justicia de género global (Ferguson, 2009; véanse también Kang 2008, Khader 2019, Mendoza, 2002, Vargas, 2003).

 

3. Temas

Además de analizar las dimensiones generizadas de la globalización, las filósofas políticas feministas discuten temas específicos que han sido moldeadas por ella. A continuación analizamos cuatro ejemplos representativos. En primer lugar, trataremos dos temas relacionados con la globalización económica (la justicia económica y la migración) y, a continuación, dos temas relacionados con la globalización política (los derechos humanos y la gobernanza mundial).

 

3.1. Justicia económica

Se argumenta ampliamente que las políticas neoliberales han creado desigualdades económicas dramáticas, tanto entre el Norte global y el Sur global como dentro de los países de ambos hemisferios. Una de las tareas de las filósofas políticas feministas ha sido la de identificar las formas en las que estas políticas refuerzan desigualdades específicas basadas en el género, la clase, la raza y la nacionalidad. En particular, las feministas han destacado las consecuencias dispares y a menudo desproporcionadamente gravosas de las políticas neoliberales para grupos específicos de mujeres. Otra tarea conexa ha consistido en identificar las formas en las que las prácticas e ideologías de género configuran los procesos de globalización.

Las políticas de libre comercio ocupan un lugar destacado en estas críticas feministas. La liberalización del comercio ha ocasionado el traslado a gran escala de puestos de trabajo, que antes eran bien remunerados en el sector manufacturero del Norte global, a zonas de procesamiento de exportaciones o de libre comercio en el Sur global, con salarios bajos. En el Norte global, la presión ejercida sobre las empresas para “externalizar” puestos de trabajo a países donde la mano de obra es más barata y las condiciones laborales están menos reguladas, ha provocado que muchas de las personas que antes trabajaban bien remuneradas en fábricas ahora no puedan ganarse la vida. Estos empleos han sido sustituidos en gran medida por trabajos eventuales y a tiempo parcial en el sector servicios, que suelen estar mal pagados y carecer de prestaciones de salud y jubilación. La correspondiente reducción de los salarios reales ha tenido un efecto desproporcionado en las mujeres, y especialmente en las mujeres de color, que ocupan una mayor proporción de empleos en el sector servicios (Jaggar 2001, 2002a). 

En el Sur global, las plantas de fabricación y ensamblaje de propiedad extranjera han proliferado en las zonas de libre comercio, formando lo que a menudo se denomina la “cadena de ensamblaje global”. Históricamente, la expansión industrial dominada por los extranjeros ha significado más puestos de trabajo para los hombres; sin embargo, son principalmente las mujeres las que componen el nuevo “proletariado industrial internacional” que trabaja en la cadena de ensamblaje global. Los estereotipos raciales y de género han desempeñado un papel importante en el establecimiento de esta división del trabajo en función del género. En particular, los empresarios tienden a percibir a las mujeres, sobre todo a las asiáticas, como “manejables, trabajadoras, diestras —y sexys—” (Jaggar 2001, 305). Los gobiernos se han apresurado a capitalizar estas percepciones en sus esfuerzos por captar inversión extranjera.

Los impulsores de la globalización sostienen que la expansión de la exportación ha tenido consecuencias positivas para las mujeres, ya que ha dado trabajo a miles de mujeres que de otro modo estarían desempleadas y les ha ofrecido nuevas formas de agencia. Sin embargo, las filósofas políticas feministas sostienen que los puestos de trabajo en la cadena de ensamblaje global tienden a ser difíciles, inseguros y peligrosos: las condiciones laborales son malas, los horarios largos, los salarios bajos y el acoso sexual está muy extendido (Young 2007, 164-67). Así pues, los resultados para las mujeres son, en el mejor de los casos, contradictorios. Como sostiene Jaggar, aunque el aumento del poder económico de las mujeres puede proporcionarles cierta libertad en el seno de sus familias, también son “superexplotadas por empresas extranjeras con la connivencia de sus propios gobiernos. Como empleadas, a menudo experimentan un tipo de control laboral que es casi feudal en su exigencia de sumisión y dependencia” (Jaggar 2001, 306).

Las políticas de liberalización del comercio también han permitido a los países ricos del Norte vender productos agrícolas fuertemente subvencionados en los mercados del Sur, lo que ha provocado el declive de la agricultura a pequeña escala y de subsistencia. Muchas de las agricultoras expulsadas de sus tierras han buscado empleo en zonas de procesamiento para la exportación o como trabajadoras estacionales, con salarios más bajos que los de sus homólogos masculinos. Otras han encontrado trabajos mal pagados y a menudo peligrosos en la economía informal (Jaggar 2001, 2002a).

A las filósofas políticas feministas también les preocupan los efectos generizados de las políticas de ajuste estructural (PAE), que muchos países pobres se han visto obligados a implementar como condición para obtener préstamos o reprogramar sus deudas existentes. Las reducciones resultantes en los servicios de salud, educación y atención infantil financiados con fondos públicos, socavan la salud y el bienestar de todas las personas a las que afectan. Sin embargo, las cargas de las PAE recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. Los recortes en los servicios de salud pública han contribuido al aumento de la mortalidad materna. La introducción de pagos escolares ha hecho que la educación no esté al alcance de la niñez más pobres, especialmente de las niñas, lo que ha provocado un aumento de las tasas de abandono escolar de las niñas en muchos países del Sur (Kittay 2008). Los recortes en otros servicios sociales financiados con fondos públicos también perjudican de manera desproporcionada a las mujeres, cuyas responsabilidades como cuidadoras las hacen más dependientes de estos programas. Dado que los programas de austeridad disminuyen el apoyo público a las mujeres y aumentan su carga de trabajo, este tipo de programas las exponen a un mayor riesgo de padecer algunos trastornos de salud mental (Gosselin 2014).

En términos más generales, las PAE han contribuido a aumentar la pobreza y el desempleo en los países en desarrollo, imponiendo cargas adicionales a las mujeres tanto en el hogar como en la esfera pública. En tiempos de dificultades económicas, los hombres tienden a mantener sus gastos, mientras que las mujeres deben llegar a fin de mes con menos recursos. En consecuencia, las mujeres han tenido que desarrollar estrategias de supervivencia para sus familias, asumiendo a menudo las labores de cuidado que ya no proporciona el Estado. Las mujeres también se enfrentan a una mayor presión para obtener ingresos fuera del hogar. Algunas mujeres que no han podido encontrar un empleo adecuado en sus propios países han recurrido a la migración laboral, de la que hablaremos más adelante. El trabajo sexual, incluida la prostitución infantil, también ha aumentado en estas condiciones (Schutte 2002).

Brock sostiene que la reforma del régimen tributario internacional es una cuestión de justicia global de género. En su opinión, la justicia global de género solo surge cuando todas las personas pueden satisfacer sus necesidades básicas, gozan de igual protección de las libertades básicas y disfrutan de condiciones justas de cooperación en los esfuerzos colectivos. Dado que las instituciones sociales y políticas debidamente financiadas son una condición previa de la justicia de género, para alcanzarla se necesita un sistema justo de tributación internacional y prácticas contables justas. Aunque la afirmación de que la tributación internacional es un requisito de la justicia global de género pueda parecer extraña en un principio, Brock sostiene que es necesario un régimen fiscal internacional justo para evitar los perjuicios que sufren las mujeres del Sur global cuando los servicios públicos están infrafinanciados. En su opinión, todas las empresas deben pagar los impuestos que les corresponden para que los países puedan financiar la educación, el desarrollo de infraestructuras y programas que promuevan la igualdad de género. Deben eliminarse los paraísos fiscales que permiten a las empresas eludir el pago de sus impuestos, hasta el punto de que por cada dólar de ayuda que llega a un país se evaden entre seis y siete dólares de impuestos de empresas. Sin estas reformas, debemos concluir que la estructura institucional básica de la economía mundial sigue siendo injusta y perjudicial para las mujeres (Brock 2014).

 

3.2. Migración

La migración se ha acelerado junto con la globalización de la economía y las mujeres constituyen una proporción más elevada de migrantes, especialmente migrantes por razones laborales, y refugiadas. Las respuestas filosóficas feministas a la feminización de la migración se dividen en tres líneas generales de argumentación. Los primeros trabajos en este ámbito destacan las formas en las que el género, la raza, la clase, la cultura y el estatus migratorio se entrecruzan para producir cargas desproporcionadas para las mujeres inmigrantes. Otros trabajos analizan la feminización de la migración laboral, centrándose en las trabajadoras domésticas. Por último, las contribuciones más recientes exploran la relación entre la migración transnacional y diversas formas de opresión estructural.

Los primeros trabajos de filósofas feministas suelen argumentar que en sociedades sexistas, racistas y divididas en clases, como Estados Unidos, las políticas de inmigración formalmente neutras en cuanto al género suelen operar en detrimento de las mujeres inmigrantes (Narayan 1995, Wilcox 2005). Por ejemplo, Uma Narayan sostiene que la legislación de inmigración estadounidense, como la Enmienda contra el Fraude Matrimonial en la Inmigración (IMFA), acentúa la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes a la violencia doméstica. Antes de que se aprobara la IMFA, cuando un ciudadano o residente legal permanente se casaba con un extranjero y solicitaba la residencia permanente para su cónyuge, la residencia legal se concedía con bastante rapidez. La IMFA cambió este proceso, pues añadió un periodo de dos años de “residencia condicional”, durante el cual la pareja debe permanecer casada, y exige que ambos cónyuges soliciten el cambio al estatus de residencia permanente al final de este periodo de espera. Narayan sostiene que la IMFA aumenta las ya de por sí considerables barreras que impiden a las mujeres inmigrantes escapar de los matrimonios abusivos, porque condicionan la condición de inmigrante al matrimonio. Esto es especialmente problemático porque las mujeres inmigrantes suelen ser “económica, psicológica y lingüísticamente dependientes de sus cónyuges” (Narayan 1995, 106).

Enfoques más recientes sobre la feminización de la migración global se centran en lo que Arlie Hochschild denomina “cadenas globales de cuidado” (Hochschild 2000, 2002). Estas cadenas, que vinculan a mujeres de todo el mundo, se establecen a través del intercambio transnacional de servicios domésticos. Las cadenas globales de cuidado suelen comenzar cuando mujeres relativamente acomodadas del Norte u occidentales se incorporan a la mano de obra remunerada y contratan a otras mujeres, normalmente más pobres de países en desarrollo, para que cuiden de su prole y otras personas dependientes. A menudo, las trabajadoras migrantes deben dejar a sus propios hijos e hijas en sus países de origen para que los cuiden trabajadoras aún más pobres o familiares que ya tienen responsabilidades de cuidado o que realizan un trabajo remunerado. Son muchos los factores que han contribuido a la producción de cadenas globales de cuidado. En los países ricos, la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, sin el correspondiente aumento de las prestaciones públicas para el cuidado de infantil o la redistribución de las responsabilidades de cuidado entre los géneros, ha creado una gran demanda de trabajo doméstico remunerado. En los países pobres, la oferta de trabajo doméstico se ha visto estimulada por la escasez de empleos bien remunerados y, en muchos casos, por la creciente dependencia de las remesas. Los recortes en los servicios públicos en los países del Sur también han animado a las mujeres a emigrar como medio para obtener los ingresos que necesitan para pagar servicios privados para sus hijos e hijas, como la atención de salud y la educación (Kittay, 2008, 2009).

Las cadenas mundiales de cuidado plantean cuestiones difíciles para las feministas, además de las que suscitan las injusticias de fondo que contribuyen a generarlas. En particular, algunas mujeres del Norte solo pueden aprovechar las mayores oportunidades en la fuerza de trabajo remunerada porque las mujeres del Sur asumen el trabajo doméstico que les asigna la sociedad, dejando a sus propias familias al cuidado de otras personas. Las cadenas globales de cuidado también contribuyen a un proceso neocolonial más amplio —el “drenaje global del cuidado”—, en el que los cuidados se extraen sistemáticamente de las personas de los países pobres y se transfieren a personas de las naciones ricas (Hochschild 2002). 

Los análisis feministas de las cadenas de cuidado suelen argumentar que las teorías tradicionales de la justicia tienen dificultades para articular la naturaleza precisa de los daños o injusticias que entrañan estos fenómenos. La mayoría de las teorías sobre la justicia global se centran en las distribuciones injustas de beneficios y cargas entre las naciones; sin embargo, no queda claro que el cuidado deba entenderse como un bien distributivo. Otras características de las cadenas de cuidado también se resisten a la evaluación ética tradicional. No se coacciona abiertamente a las cuidadoras para que emigren, y cada una de las partes de la cadena global de cuidado parece beneficiarse de su participación: las mujeres que emplean a cuidadoras migrantes pueden buscar oportunidades en la esfera pública; las cuidadoras migrantes pueden enviar dinero a casa; y su prole y las naciones de origen se benefician económicamente de estas remesas. Las cuidadoras inmigrantes son claramente vulnerables a la explotación y a los abusos en el lugar de trabajo, y tanto ellas como sus hijas e hijos sufren por sus largas ausencias. Sin embargo, podría argumentarse que cada uno de estos perjuicios se ve contrarrestado por importantes beneficios (Kittay, 2008, 2009).

Algunas feministas sostienen que una ética feminista del cuidado se adecua mejor para teorizar acerca de las cadenas mundiales de cuidado. En particular, la ética del cuidado enfatiza varias características normativas y prácticas clave que las teorías tradicionales tienden a pasar por alto: la especificidad concreta; el reconocimiento de la dependencia y la vulnerabilidad humanas; y una comprensión relacional del yo (Kittay, 2008). La ética del cuidado se centra en el significado ético de las relaciones que se forman a través de la dependencia, como las que existen entre las personas que proveen cuidados y las personas a su cargo. Kittay sostiene que las relaciones íntimas entre personas concretas, en las que el cuidado y el afecto son la norma, desempeñan un papel vital en la formación y el mantenimiento de la autoidentidad de las personas. Cuando estas relaciones se interrumpen, las personas sufren daños en su sentido de sí mismas y en su autoestima. De ello se deduce que el daño que suponen las cadenas mundiales de cuidado radica en su amenaza a las relaciones básicas que son constitutivas de la autoidentidad. 

Para proteger a las personas dependientes y a las que las cuidan de los daños que se derivan de la fractura de las relaciones, Kittay cree que el derecho a dar y recibir cuidados debe reconocerse como un derecho humano básico. Weir coincide en que el desmantelamiento de las cadenas globales de cuidado exige reconocer el cuidado como “un bien intrínseco, una fuente de identidad y significado, que debe ser reconocido como un derecho humano” (Weir 2005, 313). Sin embargo, ambas sugieren también que el reconocimiento de un derecho al cuidado correctamente formulado no eliminaría por sí solo las cadenas globales de cuidado. Las cadenas de cuidado persistirán hasta que el cuidado, ya sea prestado por profesionales o dentro de redes familiares, sea reconocido socialmente y apoyado económicamente. Las responsabilidades del cuidado también deberían distribuirse de forma más justa entre los géneros y el trabajo remunerado debería organizarse reconociendo que todos los trabajadores —hombres y mujeres, ricos y pobres— son responsables de proporcionar cuidados. Desbloquear las cadenas de cuidado también requerirá mitigar las injustas condiciones de fondo que obligan a las mujeres a elegir entre proporcionar apoyo financiero a sus familias y estar con ellas y proporcionarles cuidados cara a cara. Para empezar, las políticas de inmigración deben incluir disposiciones específicas que faciliten a las cuidadoras traer a sus hijos e hijas o volver a casa de forma regular. En última instancia, sin embargo, eliminar las cadenas de cuidado exigirá reestructurar la economía mundial para que nadie se vea obligado a abandonar su país de origen para encontrar condiciones de trabajo y de vida decentes.

Por último, muchos análisis filosóficos feministas recientes sobre la migración exploran la relación entre la migración transnacional y diversas formas de injusticia estructural, como la opresión de género, el racismo y la supremacía blanca, la desigualdad económica global, la militarización y los legados del colonialismo. Por ejemplo, Wilcox sostiene que las injusticias transnacionales generan fuertes reivindicaciones morales de admisión para ciertos grupos de futuros emigrantes. Presenta dos argumentos a favor de esta afirmación. El primero sostiene que el principio de responsabilidad política colectiva obliga a los Estados a conceder prioridad de admisión a los posibles emigrantes que se hayan visto gravemente perjudicados por sus políticas, incluidas las políticas económicas que perjudican de forma desproporcionada a las mujeres y a los trabajadores marginados de los países menos prósperos (Wilcox 2007). Su segundo argumento sostiene que un compromiso con el igualitarismo relacional implica rechazar las restricciones a la inmigración que contribuyen a las relaciones estructurales transnacionales opresivas. En el contexto de las cadenas generizadas y racializadas de suministro global, esto incluye aquellas restricciones a la migración laboral que aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores frente a la explotación, la dominación, la violencia y la marginación (Wilcox 2012).

Otras feministas se centran en la relación entre la injusticia estructural y la determinación de la condición de refugiado. En particular, sostienen que las definiciones jurídicas de la condición de refugiado no prestan suficiente atención a las injusticias de género, lo que conduce a la exclusión injusta de migrantes vulnerables que tienen fuertes derechos morales al asilo. Por ejemplo, Parekh sostiene que a pesar de los avances feministas en la ampliación de las convenciones internacionales sobre refugiados para reconocer la persecución relacionada con el género, muchos Estados siguen considerando algunas formas de injusticia de género como demasiado apolíticas o insignificantes para justificar el asilo (Parekh 2012). Tener en cuenta las formas en las que las injusticias estructurales modulan y amplían los daños basados en el género puede conducir a conceptualizaciones más inclusivas —y mejor justificadas— de la persecución por motivos de género. Del mismo modo, Meyers argumenta que una comprensión adecuada de la naturaleza coercitiva de la pobreza severa apoya la ampliación de la definición convencional de la condición de refugiado para incluir a los refugiados económicos, muchos de los cuales son mujeres (Meyers 2014). Utilizando el trabajo de Iris Marion Young, Parekh sostiene además que se debe entender los daños a quienes huyen, las personas refugiadas, como formas de injusticia estructural, que fundamentan obligaciones morales más fuertes para ayudar a estas personas, tanto a las que permanecen en el Sur global como a las que buscan ser admitidas en los Estados occidentales (Parekh 2017, 2020).

Las feministas también advierten que los regímenes migratorios tienden a reforzar las formas de dominación existentes e incluso a crear nuevos tipos de opresión. Más concretamente, sostienen que los discursos, las políticas y las prácticas de migración, refugio y ciudadanía a menudo se basan en estereotipos perniciosos y tropos etnonacionalistas para construir sujetos generizados y racializados que, a su vez, se movilizan para justificar la dominación, la exclusión y la marginación de las personas a las que se cree que representan. Por ejemplo, Cisneros argumenta que los recientes debates políticos estadounidenses sobre los llamados “bebés ancla” se basan en concepciones sexistas y nacionalistas de las mujeres como reproductoras de la nación étnica, junto con la noción racista del “extranjero ilegal”, para retratar a las mujeres inmigrantes, en particular a las indocumentadas, como una amenaza existencial para la nación (supremacista blanca) (Cisneros 2013). Este personaje ficticio se utiliza entonces para justificar las políticas coercitivas de inmigración y ciudadanía diseñadas para excluir a las mujeres inmigrantes de color y prohibir la ciudadanía incluso a las hijas e hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes no autorizados. De forma similar, Reed-Sandoval argumenta que el régimen de inmigración estadounidense, que ella considera un “proyecto histórico-social racial que sirvió para reorganizar y redistribuir los recursos mediante la calificación de ciertos cuerpos como ‘ilegales’ en Estados Unidos”, ha generado una identidad social singular, que ella denomina “ser socialmente indocumentado” (Reed-Sandoval 2020, 86). Ser socialmente indocumentado se distingue de ser legalmente indocumentado en que no implica necesariamente una falta de autorización legal, sino más bien la pertenencia al grupo social de personas que están sujetas a un conjunto común de restricciones injustas, autolegitimadoras, “ilegalizadoras”, relacionadas con la inmigración, incluyendo la elaboración de perfiles raciales y el acoso policial, los estereotipos ofensivos y las prácticas laborales explotadoras y degradantes, sobre la base de ser percibido como indocumentado, independientemente de su estatus migratorio. Por último, Oliver sostiene que las llamadas respuestas humanitarias a la crisis contemporánea de refugiados se rigen por una lógica de autojustificación similar, que ella denomina humanitarismo carcelario (Oliver 2017a, 2017b). Según esta lógica, las personas refugiadas pueden ser clasificadas justificadamente en grupos en función de su riesgo percibido para las sociedades de acogida, obligadas a demostrar el trauma que constituye su caso de asilo, confinadas en centros de detención y campos de refugiados indefinidamente, sometidas a la violencia y privadas de los derechos humanos básicos y, en muchos casos, tratadas como amenazas terroristas o prisioneras de guerra. Combinado con la política de rescate, que representa a los refugiados como víctimas indefensas a las que hay que rescatar y salvar, el humanitarismo carcelario “convierte a los refugiados simultáneamente en criminales y en casos de caridad, lo que, a su vez, se convierte en la preocupante justificación para encerrarlos o recluirlos en condiciones cada vez más peligrosas, plagadas de enfermedades y sumamente inadecuadas” (Oliver 2017b, 185).

 

3.3. Derechos humanos

El término “derechos humanos” se refiere simultáneamente a varios temas: un lenguaje moral; un conjunto de normas y leyes, tanto nacionales como internacionales; y un marco para analizar y responder a los diversos daños graves que experimentan hombres y mujeres en todo el mundo. Las filósofas políticas feministas sostienen que la globalización ha tenido efectos contradictorios en la medida en la que las mujeres experimentan violaciones de los derechos humanos.

Muchas filósofas políticas feministas han sostenido que la globalización ha contribuido a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Lo más evidente es que las políticas neoliberales han conducido a la vulneración de derechos sociales y económicos específicos, como el derecho “a un nivel de vida adecuado que asegure su salud y bienestar” y el derecho “a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez” (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25). Además, al disminuir la seguridad económica de las mujeres, las políticas neoliberales han exacerbado las formas existentes de discriminación y violencia de género y han hecho que las mujeres y las niñas se vuelvan más vulnerables a una amplia variedad de violaciones adicionales de los derechos humanos. Tres ejemplos destacan en la literatura. En primer lugar, la inseguridad económica y el aumento concomitante de la pobreza asociados a la globalización han hecho que las niñas sean más vulnerables a la explotación sexual. En concreto, es más probable que las niñas sean vendidas como novias infantiles o empujadas a la prostitución o a la esclavitud sexual para poder mantener a sus familias (Okin 1998, 45). En segundo lugar, cuando los recursos son escasos, las mujeres y las niñas tienen menos probabilidades de recibir alimentos que los niños y los hombres, así como de asistir a la escuela. Por último, Shiva sostiene que la globalización neoliberal ha vuelto a las mujeres más vulnerables a la violencia sexual. Ella destaca el extraordinario incremento de las violaciones en India: 800 por ciento desde la década de 1970 y un 250 por ciento adicional desde que se liberalizó la economía (Morgan 2013). Aunque las razones de este aumento son complejas, Shiva cree que están relacionadas con varios aspectos de la globalización: las políticas de ajuste estructural, que eliminaron importantes sectores de la actividad económica de las mujeres; la destrucción del entorno natural, que desplazó a muchas mujeres; y la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones económicas y políticas.

Desde un punto de vista más positivo, algunas filósofas feministas sostienen que la globalización ha permitido a las mujeres reivindicar sus derechos humanos al crear “nuevos espacios, instituciones y retórica en los que la noción de derechos humanos universales es un poderoso principio de justificación” (Walby 2002, 534). Hay quienes atribuyen a la globalización el surgimiento de nuevas organizaciones no gubernamentales internacionales y movimientos sociales feministas que han reforzado el movimiento mundial en favor de los derechos humanos de la mujer (Robinson 2003, 161). El movimiento “los derechos de la mujer son derechos humanos” ha empleado el lenguaje de los derechos humanos, que algunos de sus partidarios creen que ofrece “la mejor oportunidad de hacer realidad el tan ansiado objetivo de la igualdad de género”, para criticar muchas agresiones a la dignidad de la mujer que antes se consideraban naturales o inevitables (Panzer 2009, 45). Por ejemplo, el movimiento ha demostrado que los abusos en la esfera privada, como la violencia doméstica, los llamados “crímenes de honor” y la violencia ejercida en nombre de la cultura o la tradición, son violaciones legitimadas de los derechos humanos. Otras han argumentado que prácticas culturales como la mutilación genital femenina (MGF), que muchos consideran violaciones de los derechos humanos, pueden hacerse compatibles con los derechos humanos universales si se cumplen ciertas condiciones (Gordon 2018). El movimiento también ayudó a codificar los derechos humanos de las mujeres en documentos formales de las Naciones Unidas, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que los grupos activistas han utilizado posteriormente para desafiar las leyes y normas nacionales (Stamatopoulou 1995). Sin embargo, tal y como señala McLaren, es importante prestar atención a las críticas realizadas por las feministas del Sur global en el sentido de que los derechos sociales y económicos, derechos que son especialmente importantes para las mujeres del Sur global, han sido marginados en el discurso feminista occidental. Según McLaren, esta crítica puede explicarse si adoptamos un enfoque integrado de los derechos que insista en la indivisibilidad de los derechos humanos y reconozca su ambivalencia. Para que los derechos humanos desarrollen su potencial liberador, debemos reconocer que los derechos humanos pueden reforzar la injusticia, así como socavarla (McLaren 2017b).

Los movimientos de derechos humanos de las mujeres también han influido en la comprensión internacional de las consecuencias generizadas de la guerra y la militarización. En los foros de la ONU y en otros foros mundiales, las feministas han cuestionado las leyes internacionales de derechos humanos relativas a la violación y la violencia sexual en la guerra. Como explicó Copelon en 2003, “hace menos de una década, se cuestionaba abiertamente que la violación fuera un crimen de guerra. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos ignoraban en gran medida la violencia sexual y las necesidades de sus víctimas” (Copelon, 1). Sin embargo, en 2002, las feministas habían logrado convencer exitosamente a los autores del Estatuto de Roma de la inclusión de una amplia gama de delitos de violencia sexual entre los crímenes de guerra más graves. El documento considera que la violación, el embarazo forzado, la agresión sexual y la prostitución forzada son “crímenes contra la humanidad” si se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz, por agentes no estatales y por agentes estatales oficiales. La definición de violación del Estatuto supone un gran avance en el reconocimiento de la violación como atrocidad de género, al mismo nivel que otras atrocidades reconocidas desde hace tiempo, como la tortura y el genocidio (Parekh 2009). Podría afirmarse que estos cambios en el derecho internacional no habrían sido posibles sin el activismo transnacional, el cual puede verse claramente como un ejemplo de “globalización desde abajo”.

 

3.4. Democracia y gobernanza global

Al igual que en el caso de los derechos humanos, las filósofas feministas han argumentado que la globalización tiene implicancias contradictorias con respecto a la gobernanza democrática. Por un lado, el neoliberalismo ha disminuido la soberanía nacional, excluyendo aún más a las mujeres y a los pobres de los procesos democráticos (Herr 2003). Sin embargo, la globalización también conecta a las personas a través de las fronteras nacionales, creando comunidades transnacionales que ofrecen nuevas vías para la participación democrática. 

La globalización ha ido acompañada del establecimiento de la democracia formal en algunos países, y el número de mujeres que forman parte de los órganos legislativos nacionales ha aumentado en algunas naciones. Sin embargo, algunas filósofas feministas se apresuran a argumentar que el neoliberalismo no se ha traducido en un aumento de la influencia política de las mujeres en general, especialmente a nivel de la política global. Una razón importante es que las instituciones económicas mundiales no son ni adecuadamente representativas ni plenamente democráticas. Las mujeres están prácticamente ausentes de los órganos formales de toma de decisiones de instituciones como la OMC y el Banco Mundial, y estas instituciones tienden a estar dominadas extraoficialmente por los intereses de las naciones ricas y las empresas multinacionales.

Las feministas sostienen que la falta de influencia política de las mujeres a nivel mundial no se ha visto compensada por su mayor influencia en la política nacional porque la globalización ha socavado la soberanía nacional, especialmente en las naciones pobres. Las políticas de ajuste estructural obligan a los países deudores a aplicar políticas nacionales específicas que perjudican en una medida desproporcionada a las mujeres, como las medidas de austeridad, a pesar de la fuerte oposición local. Las normas comerciales emitidas por la Organización Mundial del Comercio también sustituyen a las leyes nacionales de las naciones signatarias, incluidas las relativas a cuestiones de ética y política pública, como la protección del medioambiente y las normas de salud y seguridad para los bienes importados, así como los aranceles comerciales (Jaggar 2001, 2002a). 

La participación de las mujeres en ONG u otras organizaciones de la sociedad civil tampoco garantiza que sus intereses estén justamente representados. De hecho, algunas feministas denuncian que las ONG financiadas desde el extranjero son “una nueva forma de colonialismo porque crean dependencia de financiadores extranjeros no elegidos y de sus funcionarios nombrados localmente, socavando el desarrollo de programas sociales administrados por funcionarios elegidos que son responsables ante la población local” (Jaggar 2001, 309). Incluso las ONG locales dirigidas por mujeres a veces no están a la altura de sus aspiraciones democráticas. Los proyectos de las ONG suelen responder a las agendas de sus financiadores corporativos, en detrimento de las necesidades expresadas por las mujeres a las que sirven. Las exigencias de rendición de cuentas a los donantes también limitan la democracia interna de las ONG al alentar la profesionalización de las organizaciones de base (Jaggar 2001, 2005a).

Si bien las filósofas feministas están de acuerdo con que la globalización ha concentrado el poder en manos de las naciones ricas y las corporaciones, marginando aún más a las mujeres y a los pobres del mundo, algunas creen que las condiciones de la globalización también permiten nuevas formas democráticas de rendición de cuentas. Por ejemplo, Gould sostiene que los participantes en asociaciones transnacionales tienen los mismos derechos a participar en las decisiones sobre sus actividades comunes. También sugiere que Internet y otras tecnologías de la comunicación y la información, como el software de código abierto y los foros deliberativos en línea, pueden “ayudar a aumentar tanto la participación democrática como la representación en el funcionamiento de las instituciones transnacionales” (Gould 2009, 38).

Fraser (2009) sugiere además que la globalización ha creado nuevas esferas públicas transnacionales en las que la opinión pública puede crearse y movilizarse para exigir la rendición de cuentas democrática a los líderes políticos. La teoría tradicional de la esfera pública, como la desarrollada por Habermas, define la esfera pública como un ámbito de la vida social en el que las personas se reúnen para alcanzar una opinión pública común sobre cuestiones sociales. En la medida en la que el proceso de deliberación es justo e inclusivo, la opinión pública resultante es normativamente legítima; debido a que esta expresa la voluntad ponderada de la sociedad civil, puede movilizarse como fuerza política para exigir la rendición de cuentas democrática al poder público.

Sin embargo, Fraser señala que estos rasgos esenciales de la esfera pública —legitimidad normativa y eficacia política— no se asocian fácilmente con los nuevos espacios comunicativos transnacionales, en los que interlocutores territorialmente dispersos interactúan a través de diversas formas discursivas. La razón es que la teoría tradicional de la esfera pública asume implícitamente un modelo político westafaliano, en el que los co-ciudadanos, con iguales derechos de participación, crean una opinión pública dirigida a un Estado concreto. Así, en sus palabras:

es difícil asociar la noción de opinión pública legítima con espacios comunicativos en los que los interlocutores no son conciudadanos de una comunidad política con los mismos derechos a participar en la vida política. Y es difícil asociar la noción de poder comunicativo eficaz con espacios discursivos que no se correlacionan con Estados soberanos. (Fraser 2009, 77)

No obstante, ella argumenta que no deberíamos desechar la idea de una esfera pública transnacional, siempre que las nociones de legitimidad normativa y eficacia política puedan reformularse para aplicarse a la comunicación en espacios discursivos transnacionales.

 

4. Conclusión

En general, la globalización plantea una serie de retos a las filósofas políticas feministas que buscan desarrollar concepciones de justicia y responsabilidad capaces de responder a las realidades vividas tanto por hombres como por mujeres. Dado que la globalización continuará con toda seguridad, es probable que estos retos aumenten en las próximas décadas. Como hemos señalado antes, las filósofas políticas feministas ya han dado grandes pasos hacia la comprensión de este complejo fenómeno. Sin embargo, el reto de cómo hacer que la globalización sea más justa sigue vigente para las filósofas feministas, así como para todas aquellas personas que luchan por la igualdad y la justicia.