Hace apenas unos días, dimos un paso importante: se publicó un decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley N.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entre las actualizaciones más destacadas, se incluye —por primera vez de manera explícita— el reconocimiento de la violencia facilitada por tecnología como una forma de agresión. Aunque algunos instrumentos normativos ya reconocían la violencia en línea, su inclusión explícita en esta ley refuerza el compromiso del Estado en su abordaje como problema público.

Por primera vez se incluye, de manera explícita, el reconocimiento de la violencia facilitada por tecnología como una forma de agresión. Esto refuerza el compromiso del Estado en su abordaje como problema público».

La violencia de género facilitada por tecnología es una problemática compleja y creciente a nivel global con severas consecuencias. Manifestaciones como el ciberacoso, el doxing (difusión de información privada con fines de intimidación), el abuso sexual basado en imagen impactan desproporcionadamente sobre mujeres y personas LGTBIQ+, exacerbando desigualdades y generando nuevas formas de control y daño físico, psicológico y emocional. Además, existen conductas más sutiles que, a menudo, ni siquiera se identifican como violencia, pero que forman parte de dinámicas de control y abuso, como las que ocurren en relaciones sexoafectivas. Esto es lo que encontramos en el estudio “Amor y violencia: las implicancias del amor romántico y las redes sociales para la violencia de género”, que realizamos junto a Pulso PUCP. Una encuesta aplicada a 1,385 estudiantes de la PUCP reveló que solo en el último año:

• 2 de cada 3 jóvenes reportó haber experimentado alguna forma de control facilitado por tecnología por parte de su pareja.
• 1 de cada 8 reportó haber recibido mensajes humillantes o insultantes por internet.
• 1 de cada 8 reportó haber sido presionado/a para enviar fotos o videos de contenido sexual a su pareja sin querer hacerlo (sexting coercitivo).

La actualización del Reglamento de la Ley N° 30364 no solo fortalece el marco legal para sancionar agresiones directas sobre las víctimas, sino que ofrece una base normativa para diseñar estrategias de prevención y respuesta más eficaces a la violencia facilitada por tecnología en su amplitud de manifestaciones. Ante eso, destacan varios desafíos. Primero, es clave entender esta forma de violencia en su complejidad. Las tecnologías digitales no solo facilitan conductas abusivas, también las transforman. Algunas prácticas adquieren nuevas formas y mayor alcance en el entorno digital. Funcionalidades como la geolocalización, la permanencia digital o el anonimato, entre otras, pueden intensificar el daño. Por eso, necesitamos analizar cómo estas características reconfiguran las dinámicas de control y poder.

Las tecnologías digitales no solo facilitan conductas abusivas, también las transforman. Funcionalidades como la geolocalización, la permanencia digital o el anonimato, entre otras, pueden intensificar el daño».

Segundo, necesitamos estrategias de prevención acordes con los desafíos de la época. Las plataformas digitales cambian muy rápido y, con ellas, también cambian las expresiones de violencia. La intersección entre lo online y lo offline difumina los límites entre lo público y lo privado, y hace más difícil reconocer ciertas conductas violentas. Esto nos exige respuestas flexibles, pensadas desde un enfoque interseccional. La colaboración intersectorial es clave en esta dirección. Tercero, es crucial visibilizar cómo las tecnologías digitales agravan la vulnerabilidad de las personas LGTBIQ+. En plataformas digitales y redes sociales, los discursos de odio por razón de género u orientación sexual son frecuentes y, en la mayoría de casos, permanecen impunes. Sin embargo, los impactos pueden ser muy graves.

En plataformas digitales y redes sociales, los discursos de odio por razón de género u orientación sexual son frecuentes y, en la mayoría de casos, permanecen impunes».

Este decreto representa un avance valioso en el camino hacia la erradicación de la violencia de género en todas sus formas. Reconocer estas violencias emergentes es indispensable para construir entornos más habitables, seguros y dignos para todas las personas. A partir de aquí, toca a la Universidad, entre otras instituciones, seguir profundizando: desde la investigación, las políticas públicas, la educación y el diseño de tecnologías comprometidas con la igualdad.